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Importar y vender tarjetas pirata para jugar a Nintendo DS es ilegal, más sentencias lo confirman

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Dos nuevas sentencias dictadas por dos juzgados de lo penal confirman que importar y vender tarjetas pirata para jugar a Nintendo DS es ilegal en nuestro país. Los imputados han sido condenados a penas de cárcel de entre 3 y 6 meses, además de tener que pagar una multa para indemnizar a la compañía de videojuegos.

Nintendo mantiene una incesante batalla legal contra los cartuchos pirata que permiten ejecutar juegos en sus consolas de forma gratuita y que alcanzaron su auge con la DS. En junio del pasado año ganaba su primera demanda contra la venta de este tipo de soportes mientras que en octubre se veía forzada a retirar los cargos contra DVDConsolas al entender que no había delito. No son las únicas pero sí las más recientes noticias en este mundillo hasta hoy.

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Y es que dos juzgados de lo penal diferentes han dictado sendas sentencias que declaran ilegal la importancia y venta de estos cartuchos, concretamente del popular modelo R4. El primero es un juzgado de lo penal de Bilbao que condenó el pasado 27 de marzo a los administradores de la empresa Myrtle LLC por infracciones contra la propiedad intelectual. Esta empresa importó tarjetas R4 que a la fueron incautadas por las autoridades aduaneras cuando llegaban al aeropuerto de Barajas.

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El segundo caso ocurrió el Sevilla, donde se condenó a la tienda Gigabyte Sistemas al entender que había infringido la ley al vender tarjetas. En este caso, fue la asociación española de videojuegos (AEVI por sus siglas) la que presentó denuncia contra la tienda después de que esta ignorara el requerimiento de Nintendo para cesar la venta de los cartuchos pirata.

Más sentencias y nuevo Código Penal

Nintendo nos ha recordado que no son las únicas sentencias sobre el tema y que suman a varias más de años pasados. Además, ha asegurado que seguirán emprendiendo acciones legales contra los vendedores de este tipo de tarjetas para, según ellos, asegurar la mejor experiencia de juego a sus clientes.

Para más inri, han recordado que el 1 de julio entra en vigor la reforma del Código Penal donde se clarifica aún más la importación, distribución, venta o posesión de dispositivos para romper o neutralizar las medidas que protegen la propiedad intelectual. Para ellos establece penas de hasta 3 años de cárcel.

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