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El drama consentido de los pozos ilegales: uno excava, todos miran y nadie lo denuncia

Ha vuelto a pasar. La muerte del infante Julen Roselló en un pozo excavado en una finca de Totalán ha hecho que el ojo mediático de Sauron se enfoque una vez más hacia la España rural, preguntándose “¿pozos ilegales, pero cómo es posible?” Al igual que ocurrió el año pasado con las inundaciones en ramblas donde había viviendas construidas o el anterior con los incendios en Galicia, los aborígenes locales miran a esos periodistas llegados de la gran ciudad, se encogen de hombros y qué quieren que les diga.

Aquí siempre se ha hecho así.

V.G.

La semana pasada, Bruselas puso a España una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque desde 2010 no había hecho nada para detener los cientos de prospecciones ilegales que están chupando el agua y la vida del Parque Nacional de Doñana. Esto ni es nuevo ni es un hecho aislado. Pasa lo mismo en la cuenca del Tajo, en la del Segura o en la del Guadiana, donde las Tablas de Daimiel son una quimera ecológica desde hace décadas. Estudios como los que maneja la OCDE, estimaban que el 45% del agua subterránea que se utiliza en España se extrae ilegalmente, pero sólo un trágico y aislado suceso como el de Julen ha logrado hacer saltar todos los resortes para denunciar el drama de los pozos.

El diputado Juan López de Uralde pregunta al Gobierno por el número de pozos ilegales
El diputado Juan López de Uralde pregunta al Gobierno por el número de pozos ilegales

En los últimos días, todos los municipios se han puesto a indagar, descubrir y señalar todos los que tienen. Desde Andalucía, La Rioja o Aragón llegan noticias de patrullas vecinales detectando y sellando pozos que llevaban años abiertos en mitad del campo. El diputado Juan López de Uralde, de Equo-Unidos Podemos, ha pedido esta semana al Gobierno que dé una cifra oficial de pozos ilegales. ¿Pero es posible conocer con exactitud el número de prospecciones ilegales?

¿Un millón de pozos ilegales?

La cifra de un millón de pozos irregulares que está circulando en los últimos días es un número fantasma, plausible pero nunca confirmado. La última arremetida seria contra el problema data de 2006, cuando Cristina Narbona era la ministra de Medio Ambiente. De aquella época parte la primera estimación del número de pozos ilegales (510.000) y las primeras refriegas legales entre administraciones y asociaciones de agricultores, que solicitaban una amnistía para los infractores.

En el Ministerio de Transición Ecológica andan estas semanas tratando de recopilar una cifra con la que poder responder a la pregunta de Uralde, por ejemplo solicitando a la Dirección General del Agua el número de aperturas de expediente por captación ilegal de aguas que han hecho las confederaciones hidrográficas. Aún así, reconocen que el número que obtengan en los próximos días será evidentemente menor a la realidad: “Es tan difícil como tratar de saber el número de robos que hay en España, como mucho se podrán saber los que han sido denunciados y los que se resuelven”, explican fuentes ministeriales.

Un pozo ilegal en la zona de La Rocina, Huelva. (WWF / EFE)
Un pozo ilegal en la zona de La Rocina, Huelva. (WWF / EFE)

Otra forma de estimarlo es mediante las denuncias interpuestas por el Seprona. Contactados por El Confidencial, desde el cuerpo declinan sin embargo ofrecer información sobre sus actuaciones en este respecto.

Tapado pero no sellado

Antonio Sánchez alias Periquete, de la empresa Perforaciones Triben de Benamocarra, Málaga, fue el encargado de excavar el sondeo de aguas que toda España ha estado analizando en las últimas dos semanas. El pozo fue realizado en diciembre del año pasado y, al no encontrar agua, fue tapado con una piedra a 50 centímetros de profundidad.

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Según la versión que Sánchez, que actualmente está siendo investigado, dio a la Guardia Civil, alguien realizó una zanja alrededor del pozo y extrajo la piedra, dejando el agujero al descubierto. La división de la Guardia Civil dedicada a la protección de la naturaleza reveló en un informe remitido al juez que el proyecto carecía de permisos, licencias o estudios técnicos, aunque todavía se está investigando qué sucedió antes, si la zanja o el pozo.

Una grúa eleva un trozo de tubo destinado al túnel de rescate en Totalán. (Reuters)
Una grúa eleva un trozo de tubo destinado al túnel de rescate en Totalán. (Reuters)

Personas cercanas al caso de Totalán consultadas por este periódico dan crédito a la versión del pocero, que a lo largo de los años ha realizado cientos de pozos en la Axarquía y según los vecinos, siempre los sella. Él mismo lo reveló a El Español: “Siempre sello mis trabajos por seguridad“.

¿Pero lo hace correctamente? El sellado de las captaciones de agua subterránea está establecido por el artículo 188 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y ahí dice claramente que debe ser sellado con material inerte. ¿Qué quiere decir esto? Para un par de ingenieros técnicos de minas con experiencia en sondeos, sellar significa llenar el agujero con grava, un material que, como indica la ley, no altera el flujo subterráneo y con el que es más fácil de trabajar en comparación con los restos del pozo excavado.

Creo que existe un pequeño vacío legal que impide pillar el rábano por las hojas

“Creo que existe un pequeño vacío legal que impide pillar el rábano por las hojas”, dice Santiago M. Barajas, ingeniero agrónomo y coordinador del área de Agua en Ecologistas en Acción. “El problema que hay es que los pozos están en fincas privadas, y lo primero que se dice es ‘usted no tiene por qué entrar’, y no es verdad, ahí está el Código Civil: si la finca no está vallada yo puedo pasar y usted tiene la obligación de no tener ahí trampas mortales abiertas”

Además, Barajas cree que la legislación debería ser más precisa al definir el sellado de un pozo para evitar casos como el de Málaga: “Habría que exigir que todo pozo deba estar cerrado, con un brocal de al menos un metro de altura, con un candado de estas características… algo concreto y no ‘en las debidas condiciones de seguridad'”.

Guía para hacer un pozo legal

Si usted quiere hacer un pozo de agua legalmente, debe seguir estos pasos:

Primero hay que visitar la Consejería de Medio Ambiente de turno y solicitar en el Departamento de Minas, que es quien tiene las atribuciones, una solicitud para realizar una obra de captación de aguas subterráneas, luego presentar el proyecto y esperar a que autoricen el pozo. Una vez esto ocurre, se hace el pozo y si se encuentra agua, el siguiente paso es solicitar la puesta en servicio. Para ello hay que acompañar una serie de documentación como la solicitud de uso del agua, que no se hace en Minas sino en la Confederación Hidrográfica (CH) que le corresponda. En esa autorización se deben poner los datos de la persona que lo solicita —que siempre debe ser el dueño de la parcela o el titular de un contrato de alquiler autorizado por este— y además justificar el uso: si se quiere para regadío, animales, uso recreativo…

Incluso después de todo este proceso, que puede durar desde unas pocas semanas a un año siendo su duración media entre cuatro y cinco meses, el pozo puede ser rechazado por múltiples razones, como estar demasiado cerca de un acuífero o en una zona que la CH ha declarado sobreexplotada.

Una de las máquinas que trabajaron en las labores de rescate de Julen. (EFE)
Una de las máquinas que trabajaron en las labores de rescate de Julen. (EFE)

En total, un pozo como el de Totalán, de unos 100 metros lineales costaría alrededor de 24 euros por metro entubado —en este caso ni siquiera lo estaba, porque no se encontró agua— es decir, unos 2.400 euros a los que habría que sumar otros 500 de la bomba y otros 1.000 de la instalación eléctrica necesaria para extraer el agua. El instalador eléctrico debería emitir también un certificado antes de la puesta en servicio, un perito debería supervisar y cobrar por el proyecto y a esto habría que añadir también varias tasas. En resumen, un pozo como el de Totalán pero bien hecho costaría entre 4.000 y 5.000 euros.

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¿Y si lo hace usted ilegal? Costaría la mitad y podría tenerlo listo en un día o dos, depende de si el material es arenoso como en Doñana o rocoso como en Totalán, donde hay minerales duros como la cuarcita. Una sonda de perforación cabe en un camioncito y la máquina, una vez instalada y nivelada, puede funcionar las 24 horas del día hasta tener listo el pozo.

Hay muy pocos guardias, antes había policía minera y guardas de confederación, ahora solo el Seprona, que no da abasto

Otra mucha gente también los hace semilegales, es decir, abren el expediente para legalizar el pozo pero luego no lo completan. Técnicamente sigue siendo ilegal, pero esto les permite que, si un día aparece una inspección, dispongan de diez días para encargar exprés un proyecto técnico que les permita legalizar el pozo. “Exhibes al Seprona el papel de que está solicitado y no pasa nada, puedes estar años sin recibir la autorización”, explica un ingeniero experto en sondeos que prefiere aparecer anonimizado. “Si lo haces así, ya no te penalizan por haber hecho la obra ilegal sino por una captación ilegal de aguas públicas”, con lo que la multa sería aún menor, “pero hay muy pocos guardias, antes había policía minera y guardas de confederación, ahora solo el Seprona, que no da abasto”.

La omertá sobre los pozos

El entorno es, además, hostil para quien se acerque a husmear. A finales de septiembre de 2018, uno de los guardas fluviales de la CH del Guadalquivir fue acosado y agredido cuando se disponía a inspeccionar una finca agrícola en Lucena del Puerto, al norte de Doñana. Los asaltantes habían sido convocados por WhatsApp un viernes a las 12 de la mañana para coaccionar al agente, que tuvo que ser hospitalizado durante varios días a causa de las contusiones.

Es un problema que siempre estuvo de fondo, pero varias fuentes coinciden en señalar la brutal sequía de 1991 a 1995 como un hito en la historia de los pozos ilegales. El campo necesitaba agua de manera inmediata porque los cultivos y los animales se les estaban muriendo. Mientras muchos municipios españoles sufrieron restricciones de hasta dos horas de agua al día, los pozos ilegales comenzaron a proliferar. Las administraciones, colapsadas, no supieron abordar el problema. Los expedientes se les acumulaban sobre el escritorio. “No veías al técnico en la mesa detrás de esos montones de proyectos”, recuerda una. Las competencias bailaron en esos años entre Medio Ambiente y las Confederaciones, entre Minas y Medio Ambiente, entre unos burócratas y otros.

Una pancarta gigante en el puente del embalse de Barrios de Luna, León. (EFE)
Una pancarta gigante en el puente del embalse de Barrios de Luna, León. (EFE)

Para cuando quisieron abordarlo de nuevo, ya era una tradición más, una que había conservado muchos empleos y creado otros nuevos.

“Hay un problema de base que es social, y ocurre tanto con el hecho de pinchar el pozo como poner regadío sin permiso zonas que son públicas”, dice Juan José Carmona, portavoz en Doñana de WWF, organización que lleva desde 2010 informando a la Comisión Europea sobre el estado del ecosistema hasta que han logrado ser escuchados. “Si estuviéramos en el ámbito urbano y alguien hiciera en una fuente un enganche que te llevara el agua a tu casa, la policía estaría allí en dos segundos, pero si lo haces en medio del campo no pasa nada“.

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En los ámbitos forestal y agrícola, hacer un pozo ilegal no tiene sanción social alguna. “Al contrario, te dicen ‘pobrecito, déjalo’ porque hay una presión de la gente para que no se actúe, muchos políticos locales vienen de familias que tienen cultivos, durante mucho tiempo las denuncias se perdían…”, dice Carmona, “hay un consentimiento por parte de todo el mundo“.

¿Sanciones? No, gracias

La sanción más alta a alguien por la extracción ilegal de aguas subterráneas se puso muy recientemente, en la primavera de 2018: al titular de la explotación agraria almeriense Castillo de Tabernas le cayeron en total 450.759 euros de multa y otros 1,11 millones de indemnización por los daños causados. Durante los últimos cinco años había incumplido reiteradamente las medidas cautelares de sellado e inutilización de los sondeos.

Esa agua se dedica a alimentar una finca de más de 100.000 olivos y 500 hectáreas donde se produce un aceite de oliva virgen extra catalogado como “gourmet”. En su tienda ‘online’, el producto más barato (una caja de seis botellitas de medio litro de aceite Arbequina del Desierto) cuesta 39,30 euros.

El olivar, típicamente de secano, es puesto en riego con pozos ilegales. (EFE)
El olivar, típicamente de secano, es puesto en riego con pozos ilegales. (EFE)

Las multas por poner un pozo ilegal más modesto rondan los 6.000 euros, una cantidad asumible si la cosecha ha ido bien… y suelen ir bien porque, precisamente, has puesto riego a la vid o al olivo para asegurarlo. “Una sanción de 6.000 euros se gana en unos pocos meses cogiendo fresa”, dice Carmona, que cree que la única forma de detener a los infractores es llevarles ante un tribunal penal nada más romper el precinto de clausura del pozo.

Soluciones al conflicto: sangre, sudor y agua

El MITECO dice haber activado “todas las medidas que tenemos a nuestro alcance”. Cuando en septiembre se cambió a los presidentes de las confederaciones hidrográficas, “la primera instrucción fue: inspecciones a saco”, explican estas fuentes. Se activaron protocolos con la Guardia Civil para que protegieran a los agentes.

Sin embargo las inspecciones tienen un alcance muy limitado ante un ‘enemigo’ capaz de hacer agujeros de cien metros de profundidad en cuestión de horas, ocultarlos fácilmente, hacerlos a kilómetros de distancia de donde tienen la explotación agrícola o capaz de usar, secar y abrir un nuevo pozo en cuestión de semanas. Y sobre todo, un enemigo del que todos somos víctimas pero que nadie denuncia.

Cuando en septiembre se cambió a los presidentes de las confederaciones hidrográficas, “la primera instrucción fue: inspecciones a saco”

Ahora, momentáneamente, la caza de este enemigo se ha reanudado. Igual que Al Capone cayó en manos de la justicia por evadir impuestos y no por dirigir una organización de mafiosos, también podría ocurrir que los pozos ilegales sean cerrados finalmente.

No por expoliar el agua de todos o destrozar el medio ambiente, sino para que no se caiga ningún niño más.



Source : elconfidencial

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